Existen múltiples preocupaciones que desvelan a las autoridades políticas
del frente electoral nacional y popular. La principal es, obviamente, la pandemia por
el Covid-19, pero tanto inflación como producción forman parte del podio en la
problemática vigente.
La aplicación normativa de “políticas públicas de diseño” para la búsqueda
de la disminución de una y el aumento exponencial de la otra es inherente a la
conformación del Frente de Todos. No solo por ser, precisamente, dos de las
dimensiones “centrales” de trabajo que le propuso a la ciudadanía para reconstruir
nuestro entramado social arrasado por la Alianza Cambiemos sino, también porque
de no hacerlo (al menos de manera sensible) sucumbirá sin dudas por sus efectos
devastadores para nuestra sociedad, dándole, quizá, una nueva oportunidad para
gobernar a la anti política acientífica.
La actual administración política nacional propuso (y logró con ello la
representación política de la mayoría del electorado) repotenciar integralmente el
entramado productivo argentino y llevarlo a su máxima capacidad posible, a través
de la acción concreta e inteligente del Estado nacional, para, en estricta respuesta
a la ideología que profesa crear trabajo, aumentar la recaudación fiscal y afianzar la
soberanía económica.
Para lograrlo de un modo eficaz, cualquier propuesta de trabajo debe partir
necesaria e ineludiblemente de la certeza que aporta un conocimiento real y
potencial del entramado productivo (y comercial) en todas sus escalas y
modalidades.
Si se acuerda con que ello fuera cierto, para no repetir la conducta recurrente
del Estado nacional muy especialmente desde la irrupción del proceso de
reorganización nacional, aunque con la excepción de lo ocurrido en los períodos
1946/1955 y 2003/2015, e inclusive en lo que va del presente turno gubernamental
absolutamente condicionado por la actual pandemia, es pertinente y consistente
ideológicamente diagramar nuevas estrategias en base a la ”certezas derivadas de
la realidad empírica” y nunca “exclusivamente” por efecto
de la potencia y voluntad de los grupos empresariales concentrados y/o aglutinados
bajo la forma de personas jurídicas sectoriales reales o aparentes.
A la fecha, el Estado nacional no cuenta con ninguna herramienta o variable
de estudio que permita conocer cuantitativa ni cualitativamente la totalidad de la
realidad productiva de los argentinos y que por esta precisa razón, debemos
encontrar la forma de resolver ese vacío.
Por fuera de lo que se denomina sector externo y, más específicamente el
“sector exportador”, no podemos determinar con ningún grado de certeza aceptable:
QUÉ PRODUCIMOS LOS ARGENTINOS;
QUIÉN PRODUCE O ELABORA (O PUEDE HACERLO) UNA
MERCANCÍA; y
CUAL ES, A “NIVEL AGREGADO”, NUESTRO POTENCIAL
PRODUCTIVO.
Ante ello, desde el IEFI proponemos articular la cristalización de una política
pública consistente en la instauración normativa de una nueva herramienta que
aporte la información necesaria para conocer con certeza la respuesta a esas tres
cuestiones mediante la creación e institucionalización de lo que denominamos
“REGISA”.
En base al registro propuesto, el que funcionará como un vaso comunicante
para la totalidad de la información que cuentan los Estados (nacional, provincial y
local), al “unificar” el criterio y el método para identificar con las mismas reglas y de
manera inequívoca todas las mercancías argentinas, y con el mismo nivel de
exigencia y esmero que lo hacemos con las mercancías de origen extranjero,
lograremos inequívocamente identificar, planificar y repotenciar todas las
actividades laborales de nuestro país.
Dicho registro nacional de uso obligatorio en todas las transacciones
comerciales (sea cual fuere el medio y soporte para ello) nos ofrecerá la oportunidad
de trabajar en aquellas dimensiones (de impulso a la productividad y disminución
inflacionaria) por la vía de:
- Sustituir importaciones;
- Aumentar la oferta exportable argentina; e
- Identificar fehacientemente la conducta inflacionaria de los
productores, comercializadores y contribuyentes que la generan.
La vía que proponemos para acceder a la información que creemos
necesaria y suficiente para el análisis y cualquier “remedio político” es por medio de
la extensión, el alcance y obligatoriedad de la aplicación del SISTEMA
ARMONIZADO DE CODIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE MERCADERÍAS a la
totalidad de la “facturación comercial”, y con el mismo nivel de exigencia que la
información fiscal del contribuyente.
El Sistema Armonizado es el más exitoso de los instrumentos desarrollados
por la hoy denominada Organización Mundial de Aduanas (OMA) y una herramienta
ineludible para la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Se trata de una “nomenclatura de clasificación” que utiliza un “sistema de
códigos de 6, 8 y 11 dígitos y letras” como base para la aplicación de los aranceles
que se aplican en el comercio internacional. Asimismo, se utiliza para la compilación
de todas sus estadísticas, estudios y proyecciones.
Su versatilidad e “inviolabilidad” deriva de su estructura. Posee “Notas
Legales” y “Reglas Generales de Interpretación” y un ordenamiento racional que es
aceptado por el conjunto de los países que pertenecen a la OMC y permite identificar
la totalidad de los bienes susceptibles de comercializar, “independientemente de los
distintos idiomas y paradigmas culturales” o individualizaciones empresariales
particulares.
El Sistema Armonizado tiene una gran diversidad de propósitos. Es
necesario para: informar sobre las determinaciones de política económica y
comercial, así como monitorear mercancías, impuestos, elaborar estadísticas y
controlar cupos, entre otras posibilidades.
Asimismo, es esa “codificación” la que permite investigar y analizar el
desarrollo económico en el contexto globalizado, ya que interpreta con un “idioma
y lenguaje común” y “codifica” el comercio (interno e internacional) considerando
sus aspectos con una misma terminología.
Es importante destacar que esta “codificación o clasificación” ya se utiliza
en nuestro país. Tiene aprobación parlamentaria (Ley 24206) y es de uso obligatorio
para el comercio exterior, dado que Argentina interviene efectivamente en el
comercio internacional.
Por ejemplo, la asignación de las alícuotas (o aranceles específicos) para la
tributación en importación y exportación para consumo está determinada de manera
general en base a sus determinaciones de clasificación.
Además, Argentina cuenta con un cuerpo extendido territorialmente de
“profesionales privados” y/o “actores institucionales” que pueden (en un tiempo
perentorio) certificar la codificación de la totalidad de los bienes que se extraen,
elaboran y/o producen en nuestro país.
Es válido preguntarse ¿Qué lograría obtener el Estado nacional de la
“unificación de la codificación” de las mercancías argentinas con las de otros
orígenes?
Una de las respuestas viables es la posibilidad de diseñar estrategias para el
desarrollo productivo integrado en todo el territorio nacional, por intermedio de la
identificación de las capacidades productivas reales, sumado a la integración, en
todos los procesos, de los avances de la ciencia y técnica argentina en el entramado
productivo de cualquier escala, y no menos importante, la desaparición de la
intermediación histórica de las cámaras sectoriales, obligada por la inexistencia del
registro que acá se propone, para la toma de decisiones y las determinaciones de
política comercial, arancelaria y macroeconómica de la autoridad política que fuera.
También sería válido preguntar ¿Cómo impactaría en la labor “intra estatal”
su implementación?
Para responder, podríamos hacer una muy pequeña selección (a los fines de
esta primera exposición pública), ubicando sus beneficios tanto para el mercado
interno como el externo.
En la dimensión del mercado interno, lograríamos, por ejemplo:
Aumento de la recaudación impositiva: por la vía de la
“individualización” del derrotero “comercial” de los bienes
importados por comparación entre el valor declarado y el facturado
puede determinarse “sub” o “sobre” facturación de importaciones,
así como monitorear conductas presuntamente monopólicas u
oligopólicas sospechadas de cartelización de precios;
Estudio y fiscalización de la conducta inflacionaria de los
contribuyentes: analizando (en un marco de secreto fiscal) la
conducta puntual del contribuyente respecto, por ejemplo, de la
variación de precios que registran sus operaciones frente al
“mismo producto” y/o identificando casi instantáneamente
infracciones a todo acuerdo concertado con la autoridad
jurisdiccional.
En la dimensión del mercado exterior podríamos acercarnos desde otra
perspectiva a la:
Desaparición paulatina de la restricción externa por la vía de
la “Reindustrialización por sustitución de importaciones” y
aumento de las “Exportaciones no tradicionales”: con su
implementación, el Estado nacional identifica certera y
rápidamente a los productores nacionales de “las mismas
mercancías” que “se importan” (o sus sucedáneos) y se vincula a
los productores argentinos con los que demandan importaciones.
También puede “vincular” las “demandas exteriores de productos
argentinos” con “nuevos productores” transformándolos en
“nuevos exportadores”, así como puede crear nuevas empresas
estatales “estratégicas” que intervengan en la desaparición de la
lógica de la “internalización de precios internacionales”
destructores del mercado interno.
Integración de la ciencia y técnica a la productividad
argentina: se “eliminan” las opiniones referidas a la presunta “falta
de calidad” o el “incumplimiento de estándares internacionales” por
la vía de la incorporación de nuevas técnicas o mejoramiento de
los procesos productivos por la acción de la intervención de los
organismos públicos de investigación, cienciay técnica. Podrá
considerarse la creación de nuevas empresas estatales
exportadoras de bienes derivados de la alta investigación
científica.
Algunas preguntas finales
¿Quién “clasifica” los bienes conforme a las reglas del Sistema Armonizado?
Argentina cuenta con al menos tres mil quinientos Despachantes de Aduana
colegiados y activos en el ejercicio del comercio internacional, con más un15% de
esa cifra “retirados” y la totalidad de los Licenciados en Comercio Internacional y/o
exterior de las Universidades e Institutos de Educación superior en la materia, todos
situados en las 24 jurisdicciones abarcando la totalidad el territorio nacional
(incluidos los pasos fronterizos terrestres).
¿Quién administra la información? Los Ministerios de Economía, de
Desarrollo Productivo y la AFIP.
¿Qué fuentes de información y normativas se logran vincular con la
implementación del Sistema Armonizado – SA? La proveniente de todos los
Ministerios (nacionales y provinciales) y Organismos (centralizados o
descentralizados) que actualmente intervienen en la promoción y facilitación de la
productividad y el comercio internacional argentino.
¿Qué tipo de “acciones” podría aportar cada uno de ellos? (Selección a los
fines de la presentación) Organismos descentralizados: la proveniente de todas
las investigaciones científicas y tecnológicas del INTI, INTA; Universidades públicas
nacionales; Escuelas de Educación Técnica; y Escuelas Agrotécnicas.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca -MINAGRI: la determinación
de los Cupos vigentes; la Normativa sanitaria y fitosanitaria internacional.
La Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP (DGA) – División
“Clasificación arancelaria”: organismo donde se dirimen las posibles controversias
referidas a la nomenclatura; la jurisprudencia derivada de cientos de “Resoluciones
de Clasificación”; los datos “en tiempo real” de la totalidad de los Bienes importados
y Exportados.
El Ministerio de Desarrollo Productivo – MDP: RUMP: Regímenes
promocionales de la Dirección de Exportaciones; Regímenes especiales de la
Dirección de Importaciones; Totalidad de los desagregados arancelarios de los
Acuerdos Comerciales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –
MRECIyC: la demanda internacional actualizada de mercancías de origen
argentino; Barreras arancelarias y para arancelarias.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MCTeI: desarrollo e
inventiva de nuevos bienes exportables; Desarrollo y perfeccionamiento de bienes
y procesos industriales para la sustitución de importaciones y el aumento de las
exportaciones argentinas.
.El Estado nacional cuenta con un sinnúmero de organismos que trabajan
en base a informaciones que no están “orgánicamente conectadas” lo cual es un
claro demérito para la planificación integral del entramado productivo y,
consecuentemente, del desarrollo social y laboral.
Desde el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad – IEFI,
queremos contribuir a la determinación y análisis de la agenda política en base a
la implementación de este y otros instrumentos de política pública
Lic. Fernando S. Basso
Coord.Gral. Economía Política-IEFI