Propuesta de Cabildos de discusión

Hablar de Educación en términos de Soberanía Educativa tiene que ver con la construcción de una sociedad más incluyente, solidaria, justa e igualitaria. Hablar de Educación en términos de Soberanía Educativa tiene que ver con la construcción de una sociedad más participativa, crítica y democrática. La Soberanía Educativa debe ser uno de los grandes temas a abordar, en la medida en que la construcción de un proyecto educativo emancipadordebe ser un pilar de la Nación. La elite argentina decimonónica, la que construyó el Estado Nacional, tuvo esta premisa en claro y, en ese contexto, concibió y puso en marcha un sistema educativo afín a los intereses de su proyecto de Nación. Doscientos años después, luego de los avatares y transformaciones que hemos atravesado como país, y de los embates que venimos sufriendo en las últimas décadas en un mundo digitado por un capitalismo financiero voraz, que despliega sus garras sobre las Naciones, pretende arrasar con las identidades y los modos de vida de los pueblos en pos de una globalización desigual, y todo lo convierte en mercancía, se impone un debate serio, profundo y plural en torno a qué proyecto de Nación vamos a construir de cara al Siglo XXI y qué Educación necesitamos para llevar adelante ese proyecto. Si a pesar de los avances feroces del neoliberalismo, hemos podido recuperar las ideas de Nación, Patria y Soberanía, es momento de pensar y construir entre todas, todos y todes un proyecto de Educación crítica y Emancipadora.

I

El sistema de educación pública surgió en Argentina al calor del proceso de construcción del Estado Nación durante las últimas décadas del siglo XIX y se consolidó a comienzos del XX. Ese proyecto tenía un sentido de soberanía, como nos recuerda Adriana Puiggrós, en la medida en que intentaba integrar a los inmigrantes a la nación homogénea, “blanca”, “europeizada”, y construir una idea de pertenencia y de identidad. El Centenario (1910) de la Patria estuvo atravesado por ese proyecto de nación en el que la educación pública era uno de sus pilares.Más allá de las coyunturas y las transformaciones que atravesó la historia del siglo XX, la idea de lo público, en general, y de la educación pública, en particular, entraron fuertemente en crisis de la mano de las políticas de achicamiento y desmantelamiento del Estado que comenzaron a ensayar los gobiernos neoliberales. Estos modelos cuestionaron y pusieron en crisis los conceptos de Patria, Soberanía y Nación, insertándola en la globalización hegemonizada por un capitalismo voraz, con concentración del poder, de la riqueza y del saber.

Estas políticas tuvieron un impacto demoledor en los años noventa del siglo pasado, que llevaron a una crisis económica, política y social sin precedentes en diciembre de 2001. Durante los años neoliberales, muchas escuelas se vieron obligadas a resignar en parte su función como lugares de instrucción académica para nuestros niños, niñas y adolescentes, y para incorporar en sus establecimientos comedores escolares, que se multiplicaron al ritmo de la pauperización de la población, en un contexto de caída de los salarios, reducción drástica del empleo, endeudamiento galopante. Los y las docentes, sobre-explotados/as, debieron asumir tareas que superaban ampliamente su rol de educadores y educadoras. El discurso dominante intentaba esmerilar a la educación pública, desprestigiándola y poniendo en duda su calidad, caracterizándola como ineficiente, anquilosada y mal preparada para afrontar los desafíos de un mundo globalizado. Al mismo tiempo, la educación se mercantilizó, es decir, pasó a tener cada vez más injerencia la lógica del mercado, con un boom de instituciones de gestión privada. Si hablamos de la enseñanza superior, hubo intentos de arancelamiento que fueron resistidos por estudiantes, docentes y sindicatos, penetraron en el sistema formas de evaluación según cánones de organismos internacionales, el sistema de ciencia y tecnología sufrió un virtual desmantelamiento y quedó reducido a su mínima expresión.

Sin embargo, la salida de la crisis del 2001, se fue resolviendo, apenas iniciado el nuevo siglo, con la conformación de un gobierno nacional y popular que intentó poner en marcha y avanzar hacia un proyecto de consolidación del Estado, valorización de lo público y, en ese marco, de reivindicación de la educación pública. Así que, paradójicamente, el Bicentenario nos encontró como país transitando un proceso de refundación del proyecto de Nación, post noventas y post crisis de 2001, mucho más incluyente (pueblos originarios, mujeres, diversidades, todos, todas y todes tuvieron un lugar en las marchas del Bicentenario sobre Avenida 9 de Julio, y el Pueblo festejó en las calles en esos días de mayo de 2010), latinoamericanista, nacional y popular. Patria y Soberanía volvieron a tener sentido ya verse reflejadas en políticas públicas concretas, algunas de las cuales, lamentablemente, no llegaron a materializarse (como la ley de medios). En 2015 volvió a regir los destinos de Argentina un gobierno neoliberal de Ceos, lo que se llamó “el país atendido por su propios dueños”, que significó un retroceso impresionante en todos los aspectos de la vida nacional, también en el tema educativo. Finalmente, desde diciembre de 2019, después de cuatro años de destrucción sistemática, llega al gobierno un proyecto que marca algunas fuertes continuidades(y también ciertas diferencias) con el que se desarrolló entre 2003 y 2015. La historia parece darnos una nueva oportunidad de construir un país más democrático, incluyente, igualitario, justo y soberano. Pero el proceso de reconstrucción a partir de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno, ha sido abruptamente interrumpido o, al menos, ralentizado por la irrupción en el escenario mundial de una pandemia. 

II

La soberanía educativa está (o debería estar) en el centro de los debates sobre educaciónde cara al Siglo XXI. Y, en esta coyuntura que estamos atravesando desde hace unos meses, en el marco de los debates sobre el mundo post pandemia, es un tema que se impone aún con mayor relevancia. Porque la pandemia ha venido a cuestionar certezas que creíamos tener y a poner en jaque muchos aspectos del ordenamiento internacional, del rol de los Estados y hasta de nuestro lugar en el mundo. También ha venido a replantear prioridades. En este contexto, si bien la soberanía educativa ha preocupado a especialistas en educación, docentes, sindicalistasy políticos desde hace varias décadas, en este momento esurgente y necesario reflexionar, debatir y ahondar en él, instalar el tema en el debate pedagógico, académico, político y público, por varias razones. Como expresa el sociólogo francés Michel Wieviorka (entrevista en Página 12) “la salida de una catástrofe depende de la reflexión que se llevó a cabo durante la catástrofe”. En estos momentos, la catástrofe que estamos atravesando es una pandemia,que tendrá repercusiones que aún no somos capaces de percibir, avizorar y analizar en su enorme complejidad, y que ha sido identificada hace unos días en un extenso texto de análisis de la coyuntura mundial por Ignacio Ramonet como un “hecho social total”. Esta irrupción que nos sacude y nos interpela, lejos de invalidar los términos del debate que se venía dando en torno a la educación, potencia la necesidad de ahondar aún más en ciertos aspectos y, quizá, modificar y/o redefinir algunos ejes.

En materia de educación, el país que emerja en la post pandemia, dependerá en gran medida del país que vayamos articulando durante la gestión de la pandemia, con todos los obstáculos y dificultades que esto implica. Como también expresa Wieviorka, en este contexto “Estamos obligados a mirar lo inmediato, el corto plazo, el término medio y el largo plazo, y ello con una reflexión coherente donde cada momento requiere una reflexión distinta”.  Pues en el tema de educación podemos visualizar que hay y habrá prioridades que nos obliguen a pensar y actuar en el corto plazo, y cuestiones que podremos pensar y atender en la mediana y/o larga duración.

Por un lado, la pandemia puso en evidencia grandes y graves problemas estructurales. Uno de ellos, quizá el más evidente, es la enorme desigualdad que atraviesa a nuestra población en general, y por ende, a nuestra población escolarizada y a los/as trabajadores/as de la educación. Esta situación que se había atenuado fuertemente entre 2003 y 2015, volvió a irrumpir en el escenario nacional luego de cuatro años de gobierno de la alianza Cambiemos, con el resurgimientodel papel de la escuela como proveedora de alimentos que habíamos visto generalizarse en los años noventa, y el incremento de la deserción escolar. Por ende, la escuela y la universidad que debemos atender durante la pandemia son una escuela y una universidad heridas: heridas por el desfinanciamiento, por los fuertes intentos de exclusión, por el malestar docente, por la caída de los salarios, por el descuido de la infraestructura, por las desigualdades regionales, entre varios etcéteras. En esos temas sensibles y urgentes, estaba trabajando y articulando las primeras medidas y una serie de respuestas el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019. Medidas que desde hace un par de meses están tratando de convivir con una situación inédita de pandemia y cuarentena.

Así, algunos de los aspectos mencionados requieren atención urgente, en este momento y en la post pandemia, porque es difícil aprender con hambre, porque es difícil enseñar y aprender en escuelas con infraestructuras debilitadas, enseñar con salarios raquíticos, estar actualizados y tener igualdad de oportunidades en un mundo globalizado e informatizado si no se tiene acceso a una computadora y a una red de wifi. Otros aspectos deberán ser pensados en la mediana y larga duración. Pero debemos ir reflexionando sobre ellos desde ya, con paso firme porque,después de todo,son los problemas que están en la base, son las construcciones sociales, políticas y culturales en las que se sustentan los proyectos de nación, los proyectos políticos, y en ello se juega si vamos a construir a lo largo del siglo XXI un país que asegure el bienestar de las grandes mayorías, o a recaer en los modelos que proponen las elitesexcluyentes. Y, en esto, mucho tiene que ver y mucho tiene para decir, la reflexión sobre soberanía educativa. Porque es, finalmente, la educación la que nos permite acceder al pensamiento crítico, definir nuestra identidad, construir perspectivas de emancipación y decolonización. Esta educación debe surgir y acompañar a un proyecto soberano de nación.

III

La soberanía educativa ha estado en riesgo desde hace muchos años, pero muy marcadamente cuando el sistema educativo comenzó a estar bajo la órbita de organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que es a la educación lo que el FMI a la economía. La injerencia de estos organismos fue creciendo a paso redoblado al tiempo que se extendía la idea de mundo globalizado, digitado por corporaciones, en el que los países latinoamericanos debían insertarse para no quedar en la cola de historia. Como dice Gabriel Brener, “Vivimos tiempos de domesticación que emanan de los poderes de la economía global y tienen su correlato a escala local”. Hay toda una línea que promueve dirigir la educación hacia los intereses y necesidades de las grandes corporaciones, que desaniman la idea de la soberanía educativa en pos de una globalización educativa, en todos los aspectos: contenidos, formación docente, sistemas de evaluación, sujetos de educación, que en el nuevo paradigma se insertan y responden a problemas globales y no a situaciones nacionales y/o regionales.

Frente a esta avanzada es imperioso,como propone Francisco Teté Romero, discutir la construcción de una educación emancipadora, a partir de un nuevo proyecto pedagógico soberano que repiense de forma integral todo nuestro sistema educativo. Hay que volver a instalar fuertemente la idea de la educación como derecho, que es permanentemente atacada y esmerilada por los neoliberales en pos de la idea de servicio, y que permite allanar el camino de las corporaciones internacionales hacia la comercialización educativa. En ese camino, debe pensarse un nuevo contrato pedagógico que restituya los vínculos que han sido debilitados entre la educación pública y, al menos, una parte de la sociedad argentina. Este proyecto emancipador debe promover una transformación radical de las matrices culturales de la formación docente en todos los niveles educativos, lo que representaría una profunda ruptura epistemológica que permitiría transformar las representaciones culturales acientíficas, ahistóricas y acríticas que fundan, implícita o explícitamente, prácticas escolares que obstaculizan educar en contextos de heterogeneidad social.

De este amplio abanico de problemas que surgen cuando repensamos la Soberanía Educativa de cara al Siglo XXI, proponemos iniciar las discusiones en torno a cuatro temas:

• Ley de Educación Superior
• La Escuela Secundaria del Siglo XXI y post pandemia
• La Formación Docente (ruptura epistemológica y producción de contenidos)
• La relación y retroalimentación entre soberanía educativa, y soberanía científica y tecnológica.

La soberanía educativa del Siglo XXI deberá responder a las necesidades de un mundo en transformación, de un mundo globalizado, hiper tecnologizado e informatizado, en un planeta devastado en términos ambientales, en riesgo por las consecuencias del cambio climático, atravesado por profundas desigualdades y por procesos de resistencia/emancipación diversos, en algún punto desarticulados, que deberían encontrar un cauce común en la construcción de un nuevo contrato/proyecto de nación soberana, situado en un proyecto de región soberana (como el que pudo articularse en América del Sur en los años anteriores a la nueva embestida neoliberal). La construcción de una educación emancipadora debe volver a ser pilar de ese proyecto. Pero también motor de otras transformaciones estructurales, porque, como nos recuerda Puiggrós “La utopía iluminista de lograr la igualdad plena mediante la expansión de la educación es uno de los argumentos preferidos del liberalismo para justificar su aversión a las reformas que implican transferencias de recursos económicos entre sectores sociales para favorecer a quienes menos tienen. Doscientos años de expansión del sistema escolar han dejado en claro que la educación por sí misma no cambia la situación económico-social de las personas, ni de los pueblos, si no puede volcar sus resultados en un mercado laboral que los reciba e integre con justicia, si los espacios de producción simbólica no son accesibles para los sujetos que la educación ha formado, si la trama social no se abre para dar lugar a los nuevos educados por el sistema”. Así, la flexibilización laboral, la redistribución del ingreso, las transformaciones de los regímenes impositivos, el endeudamiento, son otros aspectos que deberán dialogar con la soberanía educativa.

Ese proyecto debe estar enmarcado en una más justa redistribución de la riqueza, tanto material como simbólica, porque en lo simbólico se discute la producción y redistribución de los conocimientos, su horizonte de sentido emancipador y su expansión democratizadora bajo las banderas de la igualdad y la emancipación. Debemos incorporar el concepto de Justicia Social Plural, enunciado por Boaventura de Souza Santos, superador de nuestro clásico concepto de Justicia Social: “(…) Al concepto de Justicia Social ligado a la (re) distribución de la riqueza, se incorporan otras dimensiones de la injusticia. Estas tienen su propia temporalidad y su modo de contemporaneidad: injusticia histórica del colonialismo y la esclavitud; injusticia sexual del patriarcado, de la ginofobia y la homofobia; la injusticia generacional del resquemor contra los jóvenes y de los modelos durables del desarrollo; la injusticia etno – racial del racismo y la xenofobia; la injusticia cognitiva respecto de la sabiduría del mundo, en nombre del monopolio de la ciencia y las tecnologías reconocidas por la ciencia (…)”.

Hace un tiempo Manuel Becerra enumeró todo lo que, en términos de soberanía educativa, no era posible con un gobierno neoliberal manejando las riendas del país. Ahora, y después de la pandemia, tiene que ser posible, debemos trabajar para que sea posible, para que haya voluntad política, espacio, financiamiento y tiempo dentro del sistema educativo para “desarrollar vínculos críticos con el arte, para pensar una ciudadanía nacional que se vincule críticamente con la global, para la innovación pedagógica, para atender a las diversidades culturales, étnicas y de clase que habitan nuestras aulas, para integrar a los excluidos, para hacer de las escuelas una herramienta para que los alumnos puedan apropiarse de los complejos tiempos que corren, analizarlos, aprehenderlos para participar en ellos con independencia”.

De la mano de la soberanía educativa, un proyecto pedagógico emancipador nos permitirá construir a un ciudadano / una ciudadana crítica/a, y abordar esos temas con una mirada anclada en los intereses nacionales, en el bienestar de las mayorías, en la inclusión, en la profundización de la democracia. Para no volver a sucumbir a los cantos de sirena de los proyectos de las derechas nacionales, regionales y globales.

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Por qué es necesaria una nueva Ley de Educación Superior en la Argentina

 En este tiempo histórico marcado por la pandemia del COVID 19, acontecimiento de escala planetaria que afecta nuestras vidas individuales y colectivas, las máscaras que sostienen el gran decorado neoliberal han caído grosera y trágicamente. Quedan expuestas de este modo las profundas desigualdades sociales que son sus consecuencias. Porque los mercados no curan ni educan a nuestras grandes mayorías. Por eso ahora que vuelve a revalorizarse el rol del Estado y de lo público, resulta indispensable situar a la idea de la soberanía educativa como llave maestra para la descolonización/ despatriarcalización cultural, lingüística, epistemológica y educativa. 

Por eso nos proponemos abordar en forma integral las problemáticas de la educación superior en nuestro país, para discutir sobre la necesidad de una nueva ley que sepa leer e interpretar las necesidades de nuestra sociedad argentina siglo XXI, sus complejidades, sus diversidades, desafíos y encrucijadas en los contextos internacionales actuales.

En tal sentido, propondremos 5 puntos para introducir el debate.

1. Desmercantilizar: La Ley de Educación Superior en vigencia data de 1995, durante el menemismo, e introduce los principios que dieron lugar a su mercantilización. Es muy destacable la sanción de la Ley Nº 27.204/2015, por iniciativa de la por entonces legisladora nacional Adriana Puiggrós, porque introduce modificaciones importantes a esa ley, en especial, en lo que concierne a su gratuidad, concibiendo a los estudios superiores como derecho social. Sin embargo, en marzo de 2016 un juez la consideró inconstitucional[1] porque la interpretó como un avance sobre la autonomía universitaria. El gobierno de Macri no apeló tal fallo y por lo tanto quedó firme.

• Un proyecto de educación superior emancipatorio para un país soberano:Necesitamos un gran debate para contar con una Ley de Educación Superior para una Argentina Soberana. Su ausencia es una de las grandes asignaturas pendientes del período 2003-2015. Porque necesitamos transformar las condiciones simbólicas –tanto como las materiales- que pesan sobre nuestra educación pública como anteojeras conceptuales para comprender quiénes son sus nuevos sujetos, y que clase de conocimientos necesitan aprender y cuáles son los procesos de enseñanza aprendizaje social, cultural, científica, tecnológica y éticamente valiosos.

Por consiguiente, el debate por una nueva Ley de Educación Superior, y su sanción surgida de un gran acuerdo nacional, es condición de posibilidad para la planificación y puesta en marcha de un proceso de transformación de la formación y la carrera docentes. Pero también debe discutir y definir los aportes de nuestras universidades para el desarrollo estratégico de la investigación científica y tecnológica cuyo norte debe apuntar hacia el horizonte de una emancipación que conquiste grados crecientes de autonomía. Que se proponga un aporte significativo para la justa redistribución de la riqueza material y simbólica del país, porque se piensa como la institución capaz de producir los conocimientos imprescindibles para el desarrollo integral de la Argentina, social, económico, cultural y educativo –capaz de interrogar y transformar nuestra matriz productiva y científica-tecnológica-, concebido desde la perspectiva ambiental.

• Resignificar el concepto de autonomía universitaria, no solo en relación con el Estado, que establezca a la autonomía universitaria también respecto de los intereses de los grandes monopolios y corporaciones que son los poderes fácticos que penetran los planes de estudio de las carreras y líneas de investigación como formadores de lo que conciben como sus propios recursos humanos.

Urge aquí asumir el desafío político de producir una gran síntesis histórico-cultural entre los principios del reformismo y los del pensamiento nacional y popular, porque fueron dos grandes movimientos políticos populares los que fueron capaces de pensar a la educación superior como un derecho, o mejor, como una suma de derechos a conquistar, a través de la democratización de las instituciones y la plena participación democrática. Bien podemos y debemos concebir este período histórico como el de una gran y necesaria síntesis, previo debate desde luego, de dos líneas de pensamiento y tradiciones que hasta ahora transitaron por caminos separados.

• Repensar el concepto de extensión universitaria. Para que este principio reformista se resignifique desde las dimensiones sociales y éticas del conocimiento como instrumento para comprender y transformar la realidad, no para las otras y otros, sino junto con los sujetos que la viven como injusta. Es necesario rescatar, en tal sentido, valiosas experiencias de universidades en estas últimas dos décadas.

5) Pensar nuestros IES de todo el país como partes fundamentales de la educación superior, reorganizados a partir del INFOD en una red federal que articule de modo virtuoso las nuevas relaciones entre Nación y provincia, entre Universidades e Institutos de Educación Superior, para anclar fuertemente en la diversidad territorial que somos como país los principios de un País Federal, en términos de Justicia Educativa.

Es necesario destacar en este punto los aportes que realiza la actual Ley Nacional de Educación en relación con los IES. Este punto resulta fundamental, porque su respuesta define la clase de LES que se pretende, si ley marco, si ley específica, si ley que contemple solo a las universidades o bien, una ley específica para una educación superior que articule las realidades nacionales, universitarias, con las de las jurisdicciones, es decir, la que involucra a los IES.

6)Revelar y deconstruir el relato naturalizador de la desigualdad respecto a la Educación Superior:  En conflicto con las mejores tradiciones reformistas y nacional populares se ha construido por parte de las elites un discurso hegemónico que justifica la desigualdad en el terreno educativo, en especial con respecto a la educación superior.  Demoler mitos y meritocracias salvajes es parte de una educación soberana solo construible en un país soberano y más igualitario. Pensar y diseñar una educación más igualitaria no solo se construye en las aulas sino en la realidad del conjunto social del país, pero las aulas tienen mucho para ayudar en este desafío de nuestros pueblos. 

Por último, estamos convencidos de que no habrá posibilidad de emprender caminos de desarrollo sostenible sin soberanía política, científica-tecnológica, cultural y educativa. Una nueva ley de educación superior que tenga esos horizontes de sentido es una de las condiciones de posibilidad para aspirar a la construcción de tal desarrollo.

[1]     Lorca, Javier. El gobierno no apeló y quedó firme un amparo contra la reforma de la Ley de Educación Superior. Un fallo a favor del ingreso restringido. 11 de marzo de 2016. Página 12. En:

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299074-2016-05-11.html

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Organización Cabildo por Soberanía Educativa

 Capítulo hacia una Nueva Ley de Enseñanza Superior

1.            El Cabildo es un proceso de debate y propuestas con amplia participación del que forman parte tanto las reuniones de organizaciones, movimientos, instituciones, Universidades, Institutos, centros de estudiantes, gremios, la elaboración de ponencia, propuestas o ensayos sobre la LES.

2.            La primera etapa del proceso terminara con un Cabildo abierto virtual,el sábado 19 de septiembre a las 10 horas. Habrá un plenario de aperturay posteriormente se distribuirán los participantes en 5 salas cada una con uno de los bloques temáticos.

3.            A las 14.30 se realizará un plenario de delegaciones de las comisiones para poner en común las conclusiones.  Todo será parte de un documento de Ideas – fuerza para la nueva ley de Educación Superior que se dará a conocer a la semana siguiente en una actividad pública transmitida por las redes. Esta reunión será transmitida en vivo por YouTube.

4.            La Inscripción para participar es a través del correo cabildosxsoberaniaeducativa@gmail.com

b)           A través de las inscripciones que se hagan a cada organización, institución o movimiento y que luego se remitan a la base de datos central.  

c)            La inscripción en sus dos variantes debería contar con nombre y apellido, dirección mail o contacto, y comisión en la que desea participar.

d)           Se podrá participar también con ponencias, textos y ensayos sobre los temas de debates.

                Los bloques temáticos (son indicativos y no limitativos) de las comisiones son:

•             Bloque1:fundamentación de por qué necesitamos una LES, en este tiempo histórico y en clave de soberanía nacional, emancipación cultural y el derecho social a la educación superior (gratuidad).

•             Bloque 2:  Estructura y articulación entre Universidades, Estado Nacional y articulaciones provinciales (Institutos de Ed. Superior). Las relaciones de la educación superior con la ciencia y la tecnología y las necesidades de desarrollo nacional, regional y local. 

•             Bloque 3: régimen de organización del gobierno y cogobierno universitario. Autonomía y extensión desde una mirada siglo XXI. Financiamiento.

•             Bloque 4: régimen de evaluación y acreditación en discusión (rol de   la CONEAU; procedimientos y lógicas).

•             Bloque 5: Formación Docente y Formación Superior: el rol del INFOD y el rol de las Universidades e Institutos en la Formación de una Ciudadanía crítica del siglo XXI.