El dinero se parece al agua, va donde le resulta más fácil. 

Podemos abordar el tema del dinero desde una posición directivista, que busque imperativamente definir canales y límites a su circulación, para asegurar su correcta distribución y aprovechamiento social, evitando que el mismo se fugue al exterior o se quede en el país sin estar declarado, penalizando y prohibiendo las conductas que se pretendan desalentar.

El cepo a la compra de dólares parece ir en ese sentido. Se detecta que hay más flujo en sentido contrario al que se busca, se disponen más restricciones, hay nuevos desbordes, nuevos flujos indeseados, nuevas restricciones. Pareciera que esa estrategia tuvo algún grado de resultado en sus efectos directos durante los últimos años del periodo de gobierno de Cristina, pero claramente no puso fin a ese proceso distorsivo ni a sus causas, sino que se volvió un mecanismo normal que pasó a formar parte de la política económica, con efectos no deseados que no podían ser resueltos.

En los últimos 4 años vimos fracasar la estrategia completamente contraria. El estado se corrió, dejó fluir el agua por donde quisiera, y allí el flujo no regulado culminó en un proceso de especulación financiera, concentración económica, dependencia económica, endeudamiento y fuga de capitales de tal velocidad que terminó en un nuevo cepo para fines del gobierno de Macri, junto con un mercado interno destruido y un empobrecimiento general estructural sólo comparable con lo acontecido en el año 2001

Ambas posiciones, diametralmente diferentes en lo metodológico, ideológico y en sus instrumentos, resultaron negativas para la economía y emplearon antes o después la restricción de compra de dólares.

La función del cepo equivale a tapar un canal de agua de manera firme y contundente, lo cual generará que el agua no siga corriendo en esa dirección al iniciar el bloqueo, pero de continuar el flujo de agua con la misma intensidad lo más seguro es que se desborde la defensa y fluya por sus costados o, incluso por arriba de la defensa colocada, volviendo a circular por el mismo canal.

La propuesta macrista inicial consistió, al contrario, en liberar todo el curso de agua, generando una masiva circulación hacia aquellos que estaban en mejores condiciones para llevar a sus cursos el agua disponible, vaciando el resto del sistema, generando una acumulación improductiva de agua en pocas manos. Como el agua, cuando el dinero se queda estancado solo genera podredumbre en un sector y no genera que todo el terreno se vuelva verde y productivo. Cuando se impuso el cepo en 2019, la acumulación irracional de agua ya se había producido.

Lo más llamativo es que, en el inicio del proceso de liberalización iniciado en diciembre de 2015, se llevó a cabo un blanqueo por Ley N° 27.260, siendo uno de los más exitosos a nivel mundial, permitiendo que se declararan US$ 116.800 millones sin la correspondiente repatriación, significando una pérdida fiscal gigantesca para el Estado argentino ya que, para tal logro se perdonó a quienes estaban evadiendo miles de millones de pesos en impuestos, sin producir impacto económico positivo alguno para nuestro país, todo lo contrario.

Ese blanqueo fue el último de una larga lista que sólo tuvieron un leve impacto fiscal y que sólo demostraron que el sistema cada vez tiende más a la economía sumergida y que permitir su periódica limpieza no tiene beneficio fiscal o económico alguno. Mientras más exitoso es el blanqueo, más pérdida fiscal para el estado y peor calidad de vida para todos nosotros. Pareciera que sólo incentiva a la evasión y la fuga. Quizás porque reafirma a quienes evaden la idea de que es una conducta que, tarde o temprano, será, antes que castigada, premiada.

La historia reciente nos deja como enseñanza que tenemos un problema crónico de muy difícil resolución, hagamos lo que hagamos, restrinjamos o liberemos completamente, el problema continúa. Obviamente que a esta altura queda claro que entre liberar y poner un cepo esto último es lo preferible porque da mayor estabilidad y es menos regresivo, pero nadie lo hace convencido ni esperando de ello tener consecuencias económicas positivas.

El cepo, al mediano plazo, termina por tomar una forma de espiral, que retroalimenta cada vez más lo que necesita el sistema de fuga, mercado informal, concentración e improducción para seguir funcionando, dándole cada vez más poder a quienes operan en ese sentido. Aumentar la regulación a límites de restricción semitotal agrava el problema y fortalece a los sectores especulativos, por lo menos si ese mecanismo no es acompañado de otras medidas más disruptivas e innovadoras.

Los cepos y blanqueos son un repertorio probado que ha mostrado ya sus límites.

Por ello desde el IEFI pensamos que la actividad regulatoria en materia cambiaria y de antievasión del estado merece ser replanteada, debiendo primero intentar entender el funcionamiento del sistema y trabajar sobre los incentivos que llevan a las personas y empresas a comportamientos de evasión y fuga.

Así como el agua, el dinero sigue las vías que le aseguren el menor costo posible. De este modo los mecanismos de evasión internos y externos serán preferidos en tanto puedan asegurar un menor costo para su utilización que la formalización y consecuente tributación de esos activos. El costo incluye, además de las comisiones que conlleva la ingeniería evasiva, la impunidad, el ocultamiento e incluso la posibilidad cierta de acogerse a un próximo blanqueo.

Llevar o dejar enormes cantidades de dinero ilegal requiere una cuota de fe de que se podrá usar, conservar y recuperar ese dinero cuando se quiera de una manera sencilla y poco riesgosa. 

Entonces, la propuesta que efectuamos parte de la consideración de accionar sobre el principal incentivo que implica el menor costo al evadir y fugar, de donde debe surgir la solución superadora, incluyendo un tratamiento eficiente sobre los mecanismos de impunidad y seguridad que el sistema ilegal brinda al usuario.

La idea es encauzar la problemática desde la lógica de funcionamiento del sistema, buscando su autorregulación y teniendo presente que se trata de un fenómeno que excede las posibilidades reales de ser controlado por parte de un Estado sin romper las lógicas internas de impunidad y bajos costos relativos que el sistema off shore y/o mercado ilegal presenta en la actualidad frente a la regulación tributaria y penal de un estado como el Argentino. 

Debe pensarse en instrumentos que favorezcan la destrucción de la red de complicidades que sostienen el mecanismo de evasión, trabajar desde los incentivos y lógicas propias del sistema

Es por ello que proponemos crear la figura del “Agente Colaborador Tributario” (ACT), cuyo objetivo final es la obtención o facilitación de información sensible sobre activos, circuitos y mecanismos de evasión de fondos, que se encuentran en el país o en el exterior, no declarados ante el fisco argentino, para proceder a su gravamen, percepción de tributos adeudados –y sus respectivas multas- e incentivar a su radicación en territorio Nacional con fines productivos no especulativos. 

El ACT obtendrá, a cambio de la información que brinde, un beneficio de carácter pecuniario, una suerte de recompensa, a diferencia del arrepentido penal que accede a la impunidad en el delito que se endilga, o bien a la reducción de la sanción penal, en su caso. Luego, en caso de que haya tenido participación penal, el ACT podrá también aprovechar la misma prueba aportada en sede administrativa para acogerse a los beneficios previstos por la Ley N° 27304, del arrepentido.

En este orden de ideas, debemos indicar que el ACT funcionaría exclusivamente en el ámbito administrativo, desentendiéndose de la materia penal, no siendo este el principal foco de acción. 

Debe considerarse que, a diferencia de otras figuras de origen penal, donde se presupone la participación del arrepentido en el hecho delictivo, el Agente Colaborador Tributario no requiere que la persona que brinda información necesariamente haya intervenido en el hecho investigado, pudiendo ser un asesor, un famliar, un empleado bancario, etc.  

Aquí hay que marcar otra importante diferencia. Mientras que el funcionamiento de la figura del arrepentido se incentivan conductas que pervierten el sistema de investigación penal, ya que se alienta la persecución política o por otros fines, en el mecanismo del ACT sólo cabe la búsqueda de transparentar y recaudar, ya que sólo tendrá recompensa quien dé información que efectivamente permita ingresar dinero al sistema. De nada le serviría a una persona inventar una denuncia falsa en AFIP, ya que no percibiría ninguna recompensa por ello. Sólo cobraría el Agente si la información genera un cobro efectivo por parte del Estado.

En cuanto a los activos que logren ser individualizados, colaboración internacional mediante de ser necesario, la autoridad de aplicación podrá inmediatamente percibir la tributación correspondiente. Asimismo, se le ofrecerán facilidades al titular de dichos fondos para que los ingrese al sistema financiero y productivo argentino y, en caso de negativa, se procederá con las correspondientes medidas para conocer el origen de ellos y en las consecuencias que estas investigaciones acarreen.

Con relación al blanqueo, vale decir que mientras este sólo busca transparentar evasiones pasadas para aplicar tributos con importantes beneficios fiscales, en el ACT el impacto es sobre el pasado y sobre el futuro, desalentando la evasión y elusión, ya que agrega un costo y un riesgo adicional incontrolable por el evasor y por los operadores del sistema ilegal. El evasor nunca podrá estar tranquilo, en cualquier momento el costo por tener su dinero en una cueva local o exterior puede crecer de manera tal que pierda todo su dinero en manos de alguna persona de la cadena de transacciones o custodia del dinero, o contactos de estos, o incluso familiares propios, que prefieran una recompensa y del propio Fisco, quien podrá tomar conocimiento de ese dinero oculto y así recaudar correctamente.

Asimismo, no resultan incompatibles. La incorporación del ACT dentro de un blanqueo puede servir como elemento que aliente a su éxito con mucho menor sacrificio fiscal, ya que al aumentar el riesgo a ser descubierto y el costo que eso trae aparejado no hace falta que el estado otorgue perdones tan extensos sino, simplemente, lograr que la persona transparente sus activos para no sufrir consecuencias más graves, pero tributando todo lo que debe, incluyendo intereses y multas.

En igual sentido, el blanqueo sólo resulta un incentivo a declarar parte de lo ya fugado o evadido, ya que no supone mayor riesgo a seguir manteniendo el dinero oculto o volver a fugarlo, de hecho todo lo contrario, alienta a que se repita el comportamiento evasivo. Al contrario el ACT es un fuerte incentivo para dejar de evadir hacia el futuro ya que la posible delación del entorno cercano o de los operadores del sistema para cobrar la recompensa resultará siempre muy tentadora. 

Cabe destacar, por último, los posibles efectos macroeconómicos que podrían producirse con la sanción y aplicación de una ley como la propuesta. 

Por un lado, un marco normativo que apunte a desalentar la demanda de dólares destinados a la fuga del ámbito financiero y productivo nacional, permitirá descomprimir la presión sobre el tipo de cambio informal (dólar blue) y correlativamente sobre el tipo de cambio oficial, contribuyendo de esta manera a desacelerar los procesos devaluatorios de nuestra moneda y por ende, la inflación. En el mismo sentido, el proceso de repatriación de capitales que dispararía el formato jurídico de la ley impactaría positiva y directamente sobre el volumen de divisas en formato de reservas internacionales que posee el Banco Central de la República Argentina produciendo los mismos efectos sobre el tipo de cambio que detallamos anteriormente. Adicionalmente y contemplando que el derrumbe del comercio internacional provocado por la pandemia COVID-19 restringe la posibilidad del ingreso de divisas internacionales a través de las exportaciones por esa vía,  la posibilidad de repatriar capitales se convierte en un objetivo de política económica para poder garantizar la recuperación de la economía. 

Lucas Gómez Portillo
Juan Manuel González
Fabricio Imparado 
Javier Rivera

Miembros del Instituto de Estudios y Formación por la Igualdad (IEFI)