Por Bernardo F. Carnelli*

Ante todo, un dato imprescindible de la Constitución de la Nación Argentina, artículo 4°: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.

Ahora, antes de continuar, es necesaria una aclaración. Si bien se ha popularizado la palabra “retenciones”, el nombre correcto es “derechos de exportación”. Esta deformación o uso erróneo, puede tener por lo menos dos interpretaciones. Una, es que es asociada a una situación de crédito o devolución potencial, porque si se retiene eventualmente se devuelve. Otra, intrínsecamente ligada a la anterior, es una construcción simbólica, profunda y persistente, cuyo objetivo ha sido intervenir en el sentido común hasta constituirse en un mensaje único y unívoco.

Continúo con una afirmación que puede provocar polémica: los productores no pagan las “retenciones” (o no las pagan directamente). ¿Por qué esta afirmación? Porque los derechos de exportación (mal llamadas retenciones) los pagan los exportadores de productos agropecuarios y “en la abrumadora mayoría de las operaciones, al productor se le descuenta el total de las retenciones al precio que se le paga por el grano. Las retenciones deben ser desembolsadas antes de realizar la exportación, de ahí su nombre de ‘derecho de exportación’. Se abonan cuando la empresa manifiesta la voluntad de exportar una determinada cantidad de granos”[1]. Cito a autores que son herederos de uno de los pioneros e impulsor del modelo de agronegocios, Héctor Ordóñez, a fin de ampliar el horizonte de comprensión respecto a la afirmación hecha y desligarla de una interpretación unilateral. Es más, quien quiera corroborar esto, puede consultar cómo se hace una liquidación primaria de granos en la AFIP  o también leer un instructivo para tal fin publicado por el diario La Nación[2].

El auge y consolidación hegemónica de la matriz productiva derivada del paradigma del agronegocio, concebida como empresas en red, integradas horizontal y verticalmente, en un entorno de ruralidad globalizada, en un contexto de nuevas formas de acumulación capitalista, ha permitido el desarrollo de esta conflictividad –entre otras-: “el campo”, (sujeto que a continuación vamos describir mejor para tratar de desarmar su uso distorsionado que lo presenta como homogéneo) versus las retenciones, por el desplazamiento de un tema inherente a la rentabilidad de un sector, el agroexportador, a otro, el productor agrícola.

Ahondemos entonces en detallar quiénes componen el sector socioproductivo identificado masivamente y difundido por los medios de comunicación, “el campo”. Los actores que lo integran son diversos y heterogéneos. Son productores pequeños, medianos y grandes, la escala es muy variada y pueden ser propietarios o no de la tierra que cultivan. También están los arrendatarios, en los cuales se repite la escala anterior. Y por último los que comercializan los granos: corredores, acopiadores y exportadores. Hay otros, pero para este fin no consideramos necesario mencionarlos. 

De hecho, este modelo productivo ha permitido que el capital financiero nacional y transnacional intervenga en el circuito de la producción constituyéndose en un actor que obtiene grandes extensiones de tierra arrendadas[3](conocidos como pool de siembra) y que al poseer vasos comunicantes en las áreas de comercialización por integración vertical -o sea, desarrollando actividades que no son las suyas originales- logra una posición privilegiada y de expresión minoritaria respecto al mercado. Si sumamos estos últimos a las empresas agroexportadoras transnacionales[4] y algunas nacionales[5], podemos observar la alta concentración que persiste en el mercado de granos.

Tratar de desarmar la estrategia instalada de un conflicto permanente entre “el campo” versus gobierno y/o Estado, es poner en discusión, en debate, un modelo socioproductivo dominante, ”un modelo que se presenta como incuestionable, que se consolidó construyendo un nuevo sentido común en el sector productivo y en la opinión pública, por una conducta activa en esa dirección por parte de los actores provenientes de sectores diversos de la cadena, más la acción determinante de los medios hegemónicos de comunicación en términos de construcción de sentido”[6]

Para finalizar, cito un trabajo realizado por Fernando S. Basso, desde el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad -IEFI- (en el cual tuve el privilegio de ser uno de sus colaboradores en temas complementarios): una de las patologías de nuestro comercio exterior es “la indiferenciación (cualitativa y cuantitativa) entre productores y exportadores”[7]; y la propuesta para este punto es que “se impulse una ley que establezca la prohibición de ‘trasladar’ los ‘derechos de exportación’ a los ‘pequeños y medianos productores individuales’”[8]. Cabe aclarar que estas propuestas no pretenden agotar ni excluir vías de solución a esta problemática.

Ya cerrando esta nota, necesito expresar que lo tratado aquí está atravesado, de modo indefectible, por la tensión que significa defender y promover la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo (además del control del comercio exterior y la acumulación de reservas, entre otros grandes temas involucrados), dentro de un marco que explica claramente la cita siguiente: “Los reiterados estrangulamientos externos, las crisis cambiarias, la falta de reservas, los ataques al peso han significado una pérdida sostenida de soberanía. Y una transferencia de riqueza desde los sectores productivos y el trabajo hacia grupos financieros nacionales e internacionales y hacia las corporaciones exportadoras. Todo el proceso ha seguido la tendencia internacional de una concentración económica y de poder que ha signado la pérdida de autonomías nacionales y un desequilibrio mayor aún en la capacidad negociadora frente a los poderes centrales, los organismos de crédito y un capitalismo financiero depredador”[9]

[1] Ordóñez, Iván y Senesi, Sebastián (2015) “Campo – El sueño de una Argentina verde y competitiva”. Pág. 172. Buenos Aires, Edic.Aguilar.

[2] Juan Martín Bartolomé y Gonzalo Paz –“Todo lo que hay que saber para controlar una liquidación de granos” – LN Campo – Ver: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/todo-lo-que-hay-que-saber-para-controlar-una-liquidacion-de-granos-nid06122021/

[3] Por ejemplo: Grupo Los Grobo o CRESUD

[4] Viterra, Cargill, ADM Agro, COFCO, Louis Dreyfus Company -L.D.G., Bunge, Molinos Agro – Ver: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/ranking

[5] Asociación de Cooperativas Argentinas –A.C.A.- y Aceitera Gral. Deheza –A.G.D.-

[6] Basso, Fernando S. – Colaboradores: Alejandro Mosquera, Bernardo F. Carnelli, Horacio Rovelli, Mariano Pinedo – (2023) “Una solución soberana para una economía bi monetaria – Una propuesta para el comercio exterior. Acumular reservas. Recuperar soberanía. Desarrollar el trabajo argentino – Pág.15. Buenos Aires. Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad -IEFI

[7] Ídem anterior – Pág.152

[8] Ídem anterior – Pág.154

[9] Ídem anterior – Pág.4

* Bernardo F. Carnelli. Lic Cs Soc y Humanidades. Sec ejecutivo IEFI